martes, 23 de diciembre de 2008

Fox y Calderón: diatriba de cómplices.





MEXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Hijos de la misma entraña, el Partido Acción Nacional (PAN), y afines en ideas e intereses --¿en cuáles chocan?--, Felipe Calderón y Vicente Fox han sido siempre rivales y cómplices, y la diatriba que ahora protagonizan en torno del crimen organizado que cruza sus gobiernos no parece trascender los meros artificios retóricos.Calderón, quien en buena medida gracias a su antecesor ha asegurado su futuro económico no sólo por la pensión vitalicia que disfrutará, sino por los negocios que le gestiona el abogado Julio Esponda Ugartechea -socio del flamante secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la defensa de criminales de cuello blanco--, reactivó la ofensiva verbal contra Fox en el marco del desbarajuste de la "guerra" contra el narcotráfico.

Sólo en este tema, del que el PAN echará mano para no hundirse en las elecciones del 2009, las acusaciones de Calderón a Fox son directas e inequívocas: Le heredó un "Estado doblegado" por el poder de grupos criminales, debido a que los ignoró y/o pactó con ellos."Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio", afirmó Calderón en un informe enviado, por escrito, a la Cámara de Diputados, a finales de noviembre.

Un mes después, apenas el viernes 19 de diciembre, añadió: "El haber ignorado o haber pretendido administrar a la delincuencia, en lugar de enfrentarla con determinación en el pasado, trajo consecuencias funestas para México. Afortunadamente, así como los mexicanos de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que no se hizo ayer, también sabemos que lo que hoy hacemos es una semilla que dará resultados y cuyos frutos podrán verdaderamente tener los mexicanos del mañana."

Y añadió: "Mi gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales a las que combatimos sin distingo alguno, que estamos decididos no sólo a enfrentar, sino a vencer con toda la fuerza del Estado a los enemigos de México y seguros de ello derrotaremos a quienes quieren ver paralizado al gobierno y a la sociedad sembrando el temor, la desesperanza y la corrupción."Justo en la ceremonia en la que Calderón pronunció estas sentencias, con clara dirección, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, fue más obvio, aunque sin referirse específicamente a Fox, cuando afirmó que al inicio de este gobierno la delincuencia organizada operaba impunemente, en una situación que no podía ser tolerada.

"No podíamos aceptar más actitudes de indiferencia ante un problema de inseguridad que, de continuar ignorado o solapado, llevaría a un alto riesgo para la seguridad nacional", expuso, en vísperas de que ocho militares fueran asesinados y decapitados en Guerrero.Aunque es una obviedad decir que, después de tales acusaciones, Calderón está obligado a proceder contra Fox, conviene recodar que entre ambos ha habido siempre una convergencia de intereses que se anteponen a diatribas transitorias.

La más remota puede encontrarse hace casi tres lustros, en 1995, cuando Calderón compartía las furias de Carlos Castillo Peraza por el locuaz Fox de Guanajuato, lo que jamás dio lugar a un distanciamiento mayor, como ocurrió tres años después, en 1998, cuando los hermanó un episodio que condujo al triunfo del 2000: La convalidación del Fobaproa, las deudas de grandes inversionistas privados que los mexicanos seguimos pagando.

A los berrinches del Calderón diputado con el gobierno de Fox, siguió el pleito por el despido de aquél de la Secretaría de Energía y desde ahí, tras una elección fraudulenta cuyos responsables siguen impunes, su lanzamiento como candidato presidencial del PAN, cuyo triunfo en la elección del 2006 no se explica sin la decidida intervención del aparato gubernamental federal y los intereses que sobre él gravitaban.

Cómplices, por tanto, en la retención del poder presidencial, poco puede esperarse de que Calderón traduzca en acciones punibles las acusaciones de complicidad e ineptitud del foxiato, salvo que estén ya integrados los expedientes para proceder contra los responsables en el gobierno anterior.

Aunque remota, es una posibilidad que no puede descartarse de plano por razones de carácter electoral: El operativo con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para detener brevemente a Manuel Bribiesca, el miércoles de la semana pasada, por un asunto hacendario menor, es un calambre para Fox.

Mujer de uno y de otro, Marta Sahagún está actuando, subrepticiamente, en el ámbito partidista, al menos en Nuevo León, para que le sean respetados candidatos afines, sobre lo que aquí se informará con oportunidad...

Apuntes Aun con dos pesos de aumento al salario mínimo y, al contrario, el alza número 32 a los combustibles, ¡felices fiestas a los lectores!

delgado@proceso.com.mx

Una razón mas para apoyar a nuestro
Presidente Legítimo de México,
Lic. Andrés Manuel López Obrador.

lunes, 22 de diciembre de 2008

Gil Díaz, Investigado por corrupción y abuso de poder

FRANCISCO GIL DÍAZ

JESUSA CERVANTES

"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación". La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación investigan al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por dos maniobras financieras que desangraron al erario:

La compraventa de Banamex a Citigroup y la colocación del paquete accionario de Repsol que era propiedad de Pemex en la bolsa de Luxemburgo.

Pero como Gil fue un funcionario de amplios intereses, un informe del Cisen lo relaciona con la galopante corrupción en las aduanas y la PGR con abuso de poder.Dos años después de haber dejado la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz es investigado por la Procuraduría General de la República por el delito de "uso indebido de atribuciones y facultades" en el proceso de venta de Banamex a Citigroup en 2001, en el cual se evitó el pago del Impuesto Sobre la Renta por 3 mil 500 millones de dólares.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga posibles pérdidas por "7, 095, 591 miles de pesos" (es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos) por la colocación de las acciones que Petróleos Mexicanos tiene en Repsol (4.5%, con valor de mil 373.7 millones de dólares) en el mercado cambiario de Luxemburgo, operación que Gil Díaz autorizó en 2003 desde la SHCP y como integrante del Consejo de Administración de la paraestatal.A su vez, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre la forma en que participó la empresa Global Axis Management, que preside Gonzalo Gil White -hijo de Gil Díaz y de Margarita White-, como proveedor de asesoría para llevar a cabo la operación accionaria en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

La misma comisión de la Cámara de Diputados y la asociación civil Transparencia Nacional, que encabeza el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, indagan la posible "simulación" de venta de acciones en aquella operación financiera con la consecuente pérdida para el erario federal de más de 7 mil millones de pesos o la desaparición de las acciones de Pemex en Repsol.Uno de los principales responsables de esta colocación de bonos fue Juan José Suárez Coppel, que en 2003 era director corporativo de Finanzas de Pemex, y tan cercano a Gil Díaz que fue su jefe de asesores durante el primer año de su gestión en la Hacienda.

La denuncia

El pasado 24 de octubre los legisladores Juan N. Guerra y Pablo Trejo, del PRD, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Francisco Gil Díaz por autorizar la venta de Banamex a Citigroup.

Los denunciantes argumentaron que Gil incurrió en un conflicto de interés, ya que como exempleado de Avantel, filial de Banamex, facilitó que la operación se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del llamado "cruce protegido", con lo que se evitó el pago millonario de impuestos porque en 2001 las operaciones por esta vía estaban exentas de esa obligación.

Apenas el pasado jueves 4 la PGR le dio entrada a la querella contra Gil Díaz y ordenó abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008 en la Mesa XXVI de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

En la extensa denuncia de los diputados federales se anexa una lista de posibles involucrados en la anómala venta de Banamex o que impidieron su investigación: José María Zubiría Maqueo, "exfuncionario de las empresas controladas, filiales o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex, estrechamente ligado a Roberto Hernández (expropietario de Banamex), designado como jefe del Servicio de Administración Tributaria en 2003 (ratificado en ese cargo por Felipe Calderón) y quien omitió realizar cualquier pesquisa o investigación para la recuperación de las contribuciones omitidas", es decir, los 3 mil 500 millones de dólares del impuesto.

Se incluye también a Luis Mancera Arrigunaga, "exdirectivo jurídico de Avantel bajo la dirección de Gil Díaz; exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP en la pasada administración y titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el tiempo en que concluyó el plazo para el ejercicio de facultades de auditoría y comprobación por la omisión de las contribuciones; excolaborador de Zubiría Maqueo.

Hoy socio de la firma White & Case que factura millones de dólares a Banamex".Vicente Corta Fernández aparece en la denuncia como "extitular de Banca y Ahorro de la SHCP; extitular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al momento en que se realizó el prepago del pagaré a Citibank; exasesor de Gil Díaz en Hacienda.

Hoy directivo de White & Case, encargado de asuntos de apoyo a diversas autoridades federales vinculadas a asuntos relacionados con Roberto Hernández".Y finalmente se menciona a Javier Laynez Potisek, "excolaborador de Luis Mancera Arrigunaga y actual procurador fiscal de la Federación, que ha obstaculizado y retardado la promoción de acciones en contra de Gil Díaz".En la denuncia se incluyeron dos oficios firmados por el exsecretario de Hacienda.

El primero de ellos, fechado el 21 de mayo de 2001 y dirigido al entonces presidente de la República, Vicente Fox, el funcionario se excusa de intervenir en elasunto: "Es importante señalar que, no obstante que no presto ni he prestado servicios a las sociedades involucradas en la transacción de referencia, y por lo tanto no me encuentro en supuesto alguno que suscite conflictos de interés, he estimado que la excusa que someto a su consideración contribuye a la existencia de condiciones convenientes para el estudio, evaluación y resolución de dicho asunto, el cual será cursado ante la Dependencia a mi cargo".

En el segundo oficio, del 30 de octubre del mismo año, Gil Díaz autoriza la venta. En este documento de cinco cuartillas además se da luz verde a la escisión de Banamex en dos sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, "que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank Securities, Inc., y de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V., quien a su vez detenta las acciones de Avantel, S.A., y Avantel Servicios Locales, S.A".El fragmento resaltado figura así en la denuncia porque esa parte del oficio se ocultó a la opinión pública y a los diputados federales a los que se informó de la venta. Al evidenciar la relación con Avantel, los diputados Juan N. Guerra y Pablo Trejo pretenden demostrar que Gil Díaz sí incurrió en conflicto de interés al haber sido empleado de la telefónica hasta el día que Fox lo designó secretario de Hacienda.

Presiones a Citigroup

En la denuncia de Guerra y Trejo se muestra que la venta de Banamex no debió haberse avalado como una operación en la BMV exenta de impuestos puesto que, según los legisladores, el precio se pactó en Nueva York. Pero además, en la querella piden indagar la posible presión y otras maniobras de Francisco Gil Díaz a través del IPAB para que Citigroup se volviera inoperante y así obligarlo a adquirir caro Banamex.

El diputado Juan N. Guerra y el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona explican que, entre mayo y septiembre de 2000, Citigroup le ponía muchas reservas a Banamex, Por ejemplo, quería comprobar si todos los activos del banco eran reales, no permitía sacar activos a espaldas de los accionistas ni conservar a ciertos funcionarios.

Entonces ocurrieron tres hechos relevantes.

El primero fue una reunión de Vicente Fox con Roberto Hernández.

El segundo, que el IPAB, entonces bajo el mando de Vicente Corta, decidió prepagar el pagaré de Citigroup por 25 mil millones de pesos. "Todos los pagarés tenían posibilidad de prepago y la pregunta es por qué sólo se hace con Citigroup -dice Reyes Orona.

El efecto es devastador para Citigroup, ya que por tratarse de una suma tan elevada de dinero no la podía colocar en las sucursales que tenía, y las tasas por rendimiento eran tan bajas en el país que no podía respaldarla. Esto le generó a Citigroup una pérdida de 1 millón de pesos por día.

Con esto Banamex fastidia a su contraparte en la negociación, por lo que lo presionan para que compre y retire algunas de las condiciones que ponía.

"El tercer acontecimiento, agrega el diputado Guerra, fue que como el IPAB no contaba con dinero para hacer el prepago del pagaré a Citigroup "se voltea a Banamex y le pide 25 mil millones de pesos, con lo cual le arreglan la vida a este banco porque a partir de ese momento ya tiene un crédito seguro con el IPAB, colocando una cantidad monstruosa de dinero".Por eso en su denuncia los legisladores piden a la PGR que recabe, "vía consular o diplomática, los informes que permitan conocer el grado de involucramiento de José Francisco Gil Díaz en las reuniones que se hubieran llevado a cabo con los señores Sanford Weill y Charles Prince, funcionarios de Citibank en la ciudad de Nueva York".En tanto, los legisladores ya solicitaron audiencia con Christopher Cox, titular del organismo de regulación bursátil estadunidense (Securities and Exchange Comisión, SEC), a fin de pedir su colaboración para confirmar la presencia de Gil Díaz en las negociaciones con Prince y Weill, "dado que existen evidencias de corrupción en la operación" y en virtud de que el gobierno de Estados Unidos emitió una circular que autoriza investigar actos de corrupción en el extranjero.

Si se comprueba que la venta y el precio correspondiente se pactaron antes de que se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores, se confirmaría que no debió autorizarse como un movimiento de "cruce protegido" y que por lo tanto se evadió el pago del ISR por 3 mil 500 millones de dólares con la anuencia de Gil Díaz.

Dinero para Gil White

En agosto de 2003 el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Francisco Gil Díaz, autorizó que se colocara en la bolsa de valores de Luxemburgo el 4.5% de acciones de Repsol que le pertenecen. Meses después, el 9 de diciembre, la SHCP autorizó la operación y le asignó el número de identificación 96-2003-F. El 14 de noviembre de ese mismo año se creó en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux S.A., que a su vez formó un "vehículo financiero" llamado RepCon Lux, S.A., para emitir a través de él un bono intercambiable en acciones de Repsol por un monto de mil 373.738 millones de dólares, con vencimiento al 26 de enero de 2011.

Sin embargo, en febrero de 2008 los tenedores de las acciones podían revender a Pemex las acciones o cobrar dividendos. Hasta el momento se desconoce quién adquirió los bonos y quién fue uno de los colocadores.

Tanto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como Transparencia Nacional tienen, como línea de investigación, que Global Axis Management realizó esta operación.Esta empresa, que preside Gonzalo Gil White, se formó en 1999 con los 60 millones de dólares que Televisa le pagó a la familia Cañedo White, a la que pertenece la esposa de Gil Díaz, Margarita White Cañedo.


Tanto los diputados de la Comisión de Vigilancia como Transparencia Nacional creen que se simuló una venta de acciones y que en realidad se "vendió" un asiento en el consejo de decisiones de Repsol. La petrolera estaba tan atomizada antes de la colocación de los bonos que ninguno de sus inversionistas tenía más de 20% de las acciones.El presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, explica: "De comprobarse esta tesis, Hacienda tendría que haber utilizado a un colocador que no dijera nada, y existen indicios de que pudo ser Global Axis Management; de ahí que sea una de las líneas de investigación".Paralelamente, un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que no se sometieron a la consideración del Consejo de Administración de Pemex ni la evaluación del riesgo ni el impacto de los compromisos asumidos.

Tampoco se evaluaron en esa instancia otras alternativas de financiamiento, lo que a decir de la ASF "le está representando a Pemex un costo de oportunidad de 7,095,591 miles de pesos -es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos- debido a la plusvalía estimada del precio de las acciones a febrero de 2008". La ASF precisa que no se tomó en cuenta el alza en el precio del petróleo en ese tiempo y que influyó directamente en el valor de las acciones de Repsol. La acción que alguien adquirió por 23.4 dólares, en diciembre de 2006 ya valía 34.58 dólares, por lo que de entrada la maniobra implicó una pérdida de 655 millones de dólares para Pemex.La ventaja para quien compró los bonos en el esquema que utilizó Pemex es que si la acción subía, se pagaba al tenedor del bono, pero si bajaba, la pérdida la asumía la paraestatal. Y en caso de que en febrero de 2008 Pemex decidiera recomprar las acciones, tendría que pagar a quien las poseyera un "costo de oportunidad" por 412 millones 121 mil dólares "o, si considera conveniente, les cederá la posición accionaria como pago".Reyes Orona considera que el procedimiento es tan evidentemente oneroso para Pemex que debe ser una simulación: "Nadie hace esta operación para perder".Hasta el momento Pemex no ha informado si Global Axis Management participó en la operación de Luxemburgo y tampoco ha explicado los motivos para aceptar sus condiciones desventajosas. Mucho menos ha revelado quién adquirió los bonos o si se los recompró o le cedió su posición en Repsol.En cambio, se sabe que el encargado de diseñar la operación fue Juan José Suárez Coppel, entonces director Corporativo de Finanzas de Pemex, quien el 27 de octubre de 2006 dejó en su cargo a su asesor y sobrino en segundo grado Esteban Levín Balcells, que aún se mantiene ahí.Antes de llegar a Pemex, Suárez Coppel fue asesor de Gil Díaz en la SHCP y hoy, impulsado por su protector, pretende ser consejero independiente de la paraestatal. El pasado 11 de diciembre Suárez Coppel buscó al coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, para que lo postule al consejo de la paraestatal; también cabildea en la Comisión de Energía para que lo propongan antes del próximo domingo 28, cuando vence el plazo para presentar candidaturas.

Perseguidos por Gil Díaz

En un amplio documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se menciona que Francisco Gil Díaz utilizó su cargo en Hacienda para perseguir a sus adversarios y para avalar la corrupción que se apoderó de las 48 aduanas del país.

Entre los abusos cometidos por Gil Díaz el Cisen refiere la persecución contra Julio Scherer Ibarra.En 2000, poco después de que Julio Scherer García, fundador y presidente del Consejo de Administración de Proceso, hizo dos comentarios críticos sobre el presidente electo Vicente Fox, Gil Díaz inició una desa-seada embestida contra Scherer Ibarra, hijo del periodista. La persecución sumó 14 denuncias penales y duró casi todo el sexenio, pues no fue sino hasta mayo de 2006 cuando la PGR desechó las querellas a falta de pruebas.

En abril de 2001, cuando Scherer Ibarra era director general y miembro del Consejo de Administración del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), propiedad de Enrique Molina, el secretario de Hacienda interpuso demandas contra los directivos del grupo industrial por operaciones realizadas entre 1997 y 2000, relacionadas con el subsidio a las exportaciones de azúcar, una supuesta evasión de impuestos y retención de cuotas del Seguro Social. A su vez, el 9 de noviembre de 2006, Scherer Ibarra interpuso una denuncia, por abuso de autoridad y omisión de hechos importantes en un juicio de amparo, contra el subprocurador fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ambrosio de Jesús Michel Higuera, y el director general de Delitos Fiscales, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona.

También señaló como responsable inmediato al superior jerárquico de estos funcionarios, Francisco Gil Díaz.En el expediente del Cisen, de más de 100 páginas, se dice que Gil Díaz ha beneficiado a sus parientes con patentes aduanales y se asoció con ellos para pasar contrabando, además de colocar a su amigo José Guzmán Montalvo como administrador general de aduanas. "Funcionarios de Hacienda adscritos a aduanas encabezan la lista de contrabandistas en la gestión de Gil Díaz, quien mantuvo a algunos en el cargo, aun cuando la Secretaría de la Función Pública determinó su inhabilitación", dice el documento.


Una razón mas para apoyar a nuestro
Presidente Legítimo de México,
Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Encinas: esquizofrenia en el discurso del PRD



Alejandro Encinas

Liliana Padilla

Critica la decisión de echar del partido a quien no apoye a candidatos perredistas

México.- Alejandro Encinas calificó de esquizofrénica la decisión de echar del PRD a quienes no apoyen a los candidatos del partido, luego que desde la dirección nacional se acusó a Andrés Manuel López Obrador de quitar votos.

“Hay un discurso esquizofrénico porque, por un lado, dicen que Andrés Manuel quita votos, y por otro, que no apoyen a ningún candidato que no sea del partido”, criticó.

Luego de la decisión del Consejo Nacional perredista, que a través de uno de sus resolutivos puntualizó que a aquellos militantes que apoyen a candidatos de otros partidos se les cancelará de manera automática su membresía, el ex aspirante a la dirigencia nacional de este partido sostuvo que esto es un reflejo “no solamente de la muy estrecha visión que se tiene de la situación por la que está atravesando el PRD, sino del regreso a las viejas prácticas de una burocracia de izquierda que no está a la altura del momento político ni de la base partidaria”.

En entrevista, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal criticó lo dicho por Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, quien reveló en entrevista con MILENIO que López Obrador tenía un rechazo de 50 por ciento entre los electores.

Pero al mismo tiempo, dijo, se amaga con sancionar con la expulsión de las filas del PRD a aquellos que respalden a candidatos que compitan bajo otras siglas, como puede ser el caso de aquellos que se sumen desde el movimiento de López Obrador a la coalición PT-Convergencia.

“Es un contrasentido desestimar al Frente Amplio Progresista y al mismo tiempo hacer todo lo posible porque éste no subsista, aunque la dirección que está en el partido quiera plantear su separación del FAP”.

Sin embargo, Encinas celebró la resolución del Consejo Nacional de que no haya alianzas con otros partidos y que el PRD apueste por recuperar su identidad partidaria, tras la elección interna de marzo pasado.

“Que bueno que tomaron la resolución de que no se hagan alianzas con otros partidos, porque muchos las querían con PRI y PAN”.

Ello, en referencia a la eliminación en el Congreso Nacional, del candado que prohibía expresamente las alianzas con el PRI y el PAN, que fue interpretado por el bloque de Izquierda Unida que encabezaba Encinas, como la intención de algunos sectores del PRD de aliarse con estos partidos.El bloque perredista que impulsó la eliminación de esta prohibición explicó que no se trataba de alianzas a nivel federal, pero si en algunos estados para combatir la hegemonía priísta o panista, según fuera el caso, como sucedió en Oaxaca, donde PRD y PAN fueron, junto con Convergencia, contra el PRI.

Una razón mas para apoyar a nuestro
Presidente Legítimo de México,
Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Servicio informativo núm. 610


Ciudad de México, 20 de diciembre de 2008
Servicio informativo núm. 610
http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com/

Sumario:

I. La farsa de los salarios mínimos, por Arturo Alcalde Justiniani
II. A los más de 5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo: ¡el aumento a los salarios mínimos no alcanza ni para comprar un pan de dulce!: José Antonio Almazán
III. Inseguridad estructural, por José Luis Piñeyro

---------------
LA FARSA DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
por Arturo Alcalde Justiniani(publicado en La Jornada el 20 de diciembre de 2009)

El raquítico incremento a los salarios mínimos pone en evidencia una política económica contraria a los intereses de los trabajadores, en un momento crucial de crisis. Lisa y llanamente, significa un despojo en la medida que el porcentaje impuesto de 4.6 por ciento promedio (4.2 por ciento en la zona A, que comprende la mayor parte de la población) es sensiblemente inferior a la inflación, aun considerando los datos del Banco de México, que bien sabemos están diseñados para aparentar una realidad distinta a la que confirma cotidianamente la población cuando acude a un mercado a comprar alimentos para la familia. La mala noticia será que hoy podrán adquirir menos que antes.

Basta analizar dos declaraciones para confirmar el teatro de mal gusto que envuelve esta decisión fundamental. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló: “En la visión humanista de Coparmex, nuestro foco está en la persona, y aunque no somos una institución de beneficencia, sí consideramos que la función de la empresa es la creación de valor para toda la sociedad… eso se hace, entre otros aspectos, con una compensación decente para sus colaboradores” (La Jornada, 16/dic/2008, p. 22). Surgen varios cuestionamientos: cómo se puede creer que dos pesos diarios constituyan un incremento “decente” frente a la inflación que todos conocemos; quién ha pensado que la Coparmex pueda considerarse una institución filantrópica, ¡sólo eso nos faltaba!, cuando es esencial el esfuerzo de los trabajadores para mantener funcionando el aparato productivo. ¡Y ahora resulta que el incremento salarial es una limosna!

Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, señaló: “es inaceptable un alza a los mínimos por abajo del 4 por ciento” (Reforma, 16/dic/2008, p. 2); con esta posición, podemos darnos una idea del grado de defensa que ejercen nuestros líderes obreros de la economía popular, es la vieja táctica de poner un límite bajo, para luego aparentar que se logró un avance al convenir un monto superior. Es famosa la anécdota de un viejo líder sindical de la industria de la confección que citaba a los patrones en el Sanborns Azulejos para preguntarles qué porcentaje de incremento salarial había decidido la empresa otorgar, si le decían que 5 por ciento, acudía a la asamblea muy fresco y con toda firmeza exclamaba: ¡Compañeros, ni un paso atrás, cinco por ciento o huelga!

Las reuniones realizadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) son una muestra de la farsa tripartita. El representante de la Confederación de Trabajadores de México llegó con la consigna de su líder, Joaquín Gamboa Pascoe, que días antes había anunciado que estaba listo “para sacrificarse más”. Después del acuerdo, los representantes regresaron a sus lujosos automóviles y a seguir sacrificándose. Se suman interrogantes: ¿habrá alguien que les crea? ¿Creerán ellos sus propias mentiras? ¿Qué sentido tiene esta pantomima frente a una sociedad ávida por participar responsablemente en el diseño de estrategias que nos permitan superar las dificultades de una crisis creciente? ¿No les dará vergüenza cobrar un sueldo por tan penosa tarea?

Resulta evidente que la CNSM es un acto de simulación en el que prevalece la voluntad del gobierno federal por vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de este gobierno es que los trabajadores más desprotegidos del país se merecen dos pesos y centavos para salvar sus angustias, cubrir una inflación superior a 6 por ciento, y responder así a un 2009 que amenaza degradar aún más los niveles de vida. Este es el auténtico rostro de la política económica.

El razonamiento parece sencillo: si estamos en crisis, si sufrimos las consecuencias de una política económica equivocada que incluye los efectos de nuestra excesiva vinculación a la suerte de nuestro vecino del norte, deberíamos actuar como lo hacen las familias en estado de necesidad, apoyarse unos a otros, dando prioridad a los más necesitados. Si lo principal es proteger el bienestar colectivo, se impone la urgencia de una política de redistribución racional, suprimir los gastos superfluos, reducir los salarios excesivos y canalizar mayores recursos a quienes se ahogan en una pobreza creciente. Esta imposición del gobierno federal actúa en sentido contrario a una elemental política de derechos humanos, cuando hace tan sólo una semana que con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue presentado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que en su capítulo del derecho al trabajo adquirió el compromiso de “promover que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aseguren a todos los trabajadores y empleados una garantía social básica… Diseñar y ejecutar un programa nacional de trabajo digno, cuyo objetivo sea garantizar la vigencia de los derechos humanos laborales”.

Hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de un debate nacional sobre la política salarial y, en particular, el papel que juega el salario mínimo en el modelo económico. No podemos resignarnos a la tesis de que cualquier mejora salarial es inflacionaria y que la única medicina posible es sacrificar a los trabajadores. Con esta visión reducida, sólo se abate el mercado interno y se condena a los trabajadores a vivir peor. Buena parte de la responsabilidad de la crisis mundial se deriva de políticas que acorralando a los deudores les impidieron cumplir con las obligaciones hipotecarias contraídas. En México, una expresión de esta política ha generado el desastre relacionado con las tarjetas de crédito. Deberíamos aprender de otros países que han puesto el énfasis en la recuperación salarial para reducir inequidades y dinamizar su economía.
Por lo pronto, habría que desaparecer la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos y rescatar la propuesta de hacer depender esta función de la Cámara de Diputados. Sería un buen propósito de fin de año.

------------------------
A LOS MÁS DE 5 MILLONES DE TRABAJADORES QUE GANAN HASTA UN SALARIO MÍNIMO: ¡EL AUMENTO A LOS SALARIOS MÍNIMOS NO ALCANZA NI PARA COMPRAR UN PAN DE DULCE!: JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN

Como lo habíamos anticipado el 17 de diciembre del presente año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) fijó un porcentaje insuficiente y ridículo para los salarios mínimos generales que regirán en las tres áreas geográficas de nuestro país para el 2009. El aumento decretado por la CNSM para los salarios mínimos en las tres áreas geográficas fue en promedio de dos pesos con treinta centavos (4.6 por ciento), acorde con lo que Javier Lozano Alarcón había planteado el 16 de diciembre del presente.

Este aumento de dos pesos no les alcanzará a los más de 5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo ni para comprar un pan de dulce, en virtud de que este alimento cuesta mínimamente en panaderías y centros comerciales alrededor de 4 pesos. El pan de dulce de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, oscila entre 4 pesos y hasta 8 pesos, dependiendo el tamaño y la variedad, por lo que con los dos pesos que se decretaron como “aumento” a los mínimos ni este producto se puede adquirir.

De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México, la inflación anualizada es de 6.23%, cifra dudosa sobre todo si observamos que no coinciden con los datos del Fondo Monetario Internacional quienes plantean que la inflación para nuestro país oscila aproximadamente en 8%. Asimismo, los aumentos a los productos de consumo popular como el aceite, el frijol, jitomate y pan blanco en el periodo de enero a noviembre de este año es de 42.10%, 22%, 52.1% y 20%, respectivamente.

No podemos decir que estos dos pesos sea un aumento salarial, sino constituyen migajas para los trabajadores. Los responsables de este nueva agresión son tanto Calderón, como Lozano Alarcón y obviamente Basilio González Núñez, presidente de la CNSM, quien preside este organismo proempresarial desde 1991, y se ha convertido en un experto en la contención de los salarios.

El gobierno de Felipe Calderón con estas acciones está llevando al límite a la población, profundizando los niveles de hambre y de pobreza, con el contubernio de los llamados representantes obreros que son parte de la CNSM, quienes ni siquiera se atrevieron a firmar bajo protesta, tal y como lo reconoció cínicamente José Luís Carazo, supuesto representante “obrero” en dicha comisión, dejando con ello constancia del sometimiento del Congreso del Trabajo, de la CTM y demás organizaciones charriles al servicio del gobierno.

Es una vergüenza que el presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama, tenga como una de sus prioridades la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores norteamericanos, en un país cuyo nivel de ingresos es diez veces superior al nuestro, mientras Calderón en sentido opuesto sigue impulsando el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

Hoy como hace 100 años la población mexicana está en condiciones de extrema pobreza, de desnutrición, de represión por parte del gobierno, lo que condujo a la población en 1910 a llevar a cabo la Revolución Mexicana. De igual modo, hoy la respuesta de los trabajadores no va tardar y seguramente las movilizaciones en rechazo a estos salarios, y la exigencia de aumento salarial de emergencia y de control de precios a los artículos de consumo popular no van a tardar.

Desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, manifiesto mi absoluto rechazo a este decreto salarial y a la vez expreso mi solidaridad a las acciones que en próximos día emprenderán los sindicatos de trabajadores que están luchando por un modelo económico alterno para México.
¡Desaparición de la CNSM! ¡Que renuncie el secretario del Trabajo y Previsión Social por inútil! ¡Exigimos un estricto control de precios a los artículos de consumo popular de acuerdo al artículo 28 constitucional!

A t e n t a m e n t e
Dip. José Antonio Almazán González
------------------

INSEGURIDAD ESTRUCTURAL
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 20 de diciembre de 2008)

Cierra el año con situaciones reales o potenciales que deberían preocupar a la fracción dominante de la clase gobernante y de la clase económica, pero no saben más que repetir la cantaleta de los últimos 25 años: “no hay de otra”, o sea, no hay de otra política económica, financiera, bancaria, fiscal, comercial, laboral, social, alimentaria, educativa, policíaca, exterior, ambiental, etcétera. Los cambios mínimos son para preservar lo esencial, las famosas variables macroeconómicas (control de la inflación, del gasto público, de los salarios) que se dan desde que De la Madrid recetó medicina amarga a la nación que hoy no ha mejorado sus condiciones de vida tras un tratamiento de choque que dura un cuarto de siglo.

La política de seguridad pública en el mejor de los casos se encuentra en un frágil equilibrio frente al crimen organizado, donde tiempo de guerra y espacio territorial se ensanchan sin una fecha creíble para regresar los militares a los cuarteles y con varios frentes de lucha y una moral y capacidad de fuego delincuencial reforzada.

La política laboral ya muy restringida en cobertura de empleo, salarial y de prestaciones sociales, no enfrenta al actual y futuro desempleo masivo (engrosando así las filas de la economía informal y criminal) y solo llama a que los empresarios usen los despidos como “último” recurso. La política social antipobreza no reacciona de cara a los 10 millones de nuevos pobres en alimentación y a los al menos 500 mil migrantes repatriados.

La política comercial con EU no toma nota de que disminuirán los ingresos por petróleo, turismo, remesas, inversión de ese país y demanda de importaciones mexicanas, hechos que se enfrentan con ¡mayor apertura comercial y la “positiva” devaluación del peso¡. Podríamos seguir con otras políticas públicas fracasadas para abonar al pesimismo nada gratuito, mas solo queremos destacar que los elementos objetivos estructurales se complementan con otros subjetivos que ya son estructurales como la reiterada y extendida corrupción, impunidad, ineptitud y demagogia o mentiras al estilo de: “Vamos ganando la guerra anticriminal aunque no lo parezca” o “La crisis financiera de EU afectará como un catarrito”.

Prevalece una parálisis operativa del gobierno federal combinada con un hiperactivismo mediático que apela a la unidad nacional y a la voluntad colectiva frente a la crisis, o a “perder el miedo” vía el Televisa circus. Sin duda, se requiere voluntad social y liderazgo político pero se subestiman barreras estructurales y la ausencia de líderes con propuestas distintas al “más de lo mismo”.

Esta conducta gubernamental y privada contribuye a que aumente la inseguridad pública, social, laboral, económica y ambiental y a que se retroalimenten y conformen como retos o amenazas a la seguridad nacional, si consideramos el criterio de la dimensión o tamaño de la inseguridad múltiple.

El criterio gubernamental de sólo considerar riesgos o amenazas a situaciones que puedan rebasar la capacidad de respuesta del Estado es de bomberos: articulación de narcos, pobres y guerrilleros en una región, pero, eso no soluciona el problema, lo prolonga. Urgen estadistas democráticos. Deseo al público lector, dado el negativo entorno futuro, que el próximo año sea mejor, que sea al menos como los primeros meses del 2008, cuando el deterioro de la nación y del Estado no era tan grave.
Una razón mas para apoyar a nuestro
Presidente Legítimo de México,
Lic. Andrés Manuel López Obrador.

jueves, 18 de diciembre de 2008

lunes, 15 de diciembre de 2008

Servicio informativo núm. 607


Ciudad de México, 15 de diciembre de 2008

Servicio informativo núm. 607

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com/


Sumario:

I. Plan de 8 puntos para reducir los efectos de la crisis económica. Carta de López Obrador al pueblo de México

II. La apuesta de AMLO, por José Agustín Ortiz Pinchetti


------------------

PLAN DE 8 PUNTOS PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA. CARTA DE LÓPEZ OBRADOR AL PUEBLO DE MÉXICO


Ante la desatención del gobierno usurpador de la crisis económica que está golpeando a la mayoría de nuestro pueblo y que amenaza con afectar aún más, es nuestro deber exigir la aplicación con urgencia de las siguientes medidas:

1. Aumento del 12 por ciento al salario mínimo


Si no queremos que se agrave la crisis que ya estamos sufriendo por una caída aún mayor de la demanda y por razones de estricta justicia, debemos exigir un aumento que permita recuperar, cuando menos, lo que ha perdido el poder adquisitivo del salario de noviembre de 2006 a la fecha.

Se debe reponer el porcentaje en el que la inflación de 2006 a 2008 excedió al aumento de los mínimos y otorgar suficiente aumento para compensar la inflación de 2009.

Según cifras oficiales, la inflación en los dos últimos años (noviembre de 2006 a noviembre de 2008) ha sido de 12.9% en la canasta básica. En cambio, el salario mínimo ha aumentado sólo 8%; es decir ha perdido 4 puntos.

Exigimos que estos 4 puntos porcentuales se recuperen con el aumento del mínimo en 2009. Según nuestras estimaciones, la inflación para el próximo año será de 8%, empujada por la devaluación del peso que tan sólo en lo que va de 2008 es de 35%.

Por eso, el salario mínimo se debe aumentar, cuando menos, en 12 por ciento (4 puntos porcentuales por lo perdido desde noviembre de 2006; 8 puntos por la inflación estimada para 2009).

2. Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas

El IETU se debe derogar porque ha demostrado no sólo que tiene una recaudación mucho menor de lo que se esperaba, sino principalmente porque tiene aberraciones técnicas que no se pueden tolerar en un impuesto. Entre estas últimas, el hecho de que el pago de intereses de la deuda de las empresas no es deducible ni tampoco las pérdidas cambiarias, precisamente cuando todas las empresas de México están golpeadas por ambos problemas. Pero, además, es muy costoso de administrar para las empresas, obligándolas a dedicar excesivo personal y a perder tiempo.

En 2008, según Hacienda, con el IETU se van a recaudar 50 mil millones de pesos (0.5% del PIB, la mitad de los que se esperaba). Su derogación no costaría mucho; en cambio representaría ahorros para las empresas, dándoles margen para el aumento de los mínimos. El aumento del salario siempre será mejor en el bolsillo del trabajador que en la Secretaría de Hacienda, en especial cuando se trata de impulsar la demanda y reactivar la economía.

3. Debe bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz

Los aumentos abusivos de estos energéticos han provocado más inflación y carestía de la vida, afectando severamente la economía popular, a empresas y comercios. Es injustificable que las gasolinas en México sean más caras que en Estados Unidos y que los aumentos de energía eléctrica para consumo doméstico hayan incrementado este año hasta 100 por ciento.

4. El gobierno debe intervenir y evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores

Es necesaria la intervención del gobierno en las afores para impedir que los fondos de retiro de los trabajadores sigan sufriendo pérdidas. Tan sólo en octubre el director de la CONSAR afirmó que se había perdido 14% de los saldos de los 39 millones de cuentas que tiene el sistema de ahorros para el retiro. Las cuentas perdieron 53 700 millones de pesos entre diciembre de 2007 y octubre de 2008. Con las caídas en los mercados de acciones y de bonos en noviembre y diciembre, las pérdidas han aumentado y no es aventurado decir que podrían llegar a 200 mil millones de pesos. En contraste, las empresas que manejan las afores han cobrado comisiones por 11 180 millones hasta octubre y, ellas sí, han tenido utilidades netas por 2 648 millones de pesos.

El gobierno debe apoyar a los trabajadores y dejar de proteger a los manejadores privados de los fondos de retiro. Debe intervenir con fondos del Estado para reponer las pérdidas y además dar un rendimiento mínimo de 1% si los manejadores privados no pueden hacerlo. En la medida en que los administradores privados no cumplan con este rendimiento mínimo y el Estado lo haga, en esa misma medida la aportación del gobierno será a cuenta del capital de la afore y en esa misma medida disminuirá la participación del manejador privado en la afore. Esta medida es justa, es una intervención bajo las reglas del mercado y asegura los ahorros de los trabajadores.

El argumento tantas veces oído del gobierno de que no nos preocupemos porque en el largo plazo los fondos crecerán al recuperarse las bolsas y los mercados, no tiene base de credibilidad ni funciona en este caso. Principalmente porque enfrentamos una crisis que se va a extender y a profundizar y que exige del Estado la máxima protección de los ahorros de los trabajadores y de la clase media.

5. Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero

México depende de importaciones para 35% de los alimentos que consume y esto lo pone en una situación de gran vulnerabilidad, no sólo ante el riesgo de aumentos de precios internacionales, sino también de escasez de productos o restricciones al comercio mundial. Además, es un peso permanente sobre la balanza de pagos del país. Todos estos riesgos se han ido materializando a lo largo de los últimos 3 años de crisis económica global.

Exigimos un programa nacional con el objeto de lograr la soberanía alimentaria, comenzando por los 10 cultivos agrícolas de mayor consumo nacional y extendiéndose a otras actividades de producción, investigación y desarrollo de productos y de protección a nuestras propias variedades.

La soberanía implica que el país produzca la mayor parte de los alimentos que consumimos; que los productores mexicanos tengan crédito, fertilizantes y otros insumos baratos, apoyo de infraestructura, así como precios garantizados para su producción. La agricultura es una actividad de riesgo y por ello requiere que el Estado garantice un precio mínimo. Implica que los productores no dependan de semillas extranjeras cuando existen variedades propias de nuestros mismos cultivos. Igualmente, implica la protección al medio ambiente agrícola y pecuario a través del balance ecológico entre cultivos, agua, bosques, y ambiente.

6. Es urgente fortalecer la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos

Deben destinarse recursos del presupuesto para construir viviendas, caminos, escuelas, centros de salud, introducir agua potable, drenaje y pavimentar calles, no solo porque hacen falta estas obras y servicios, sino por ser la forma más rápida y eficaz de enfrentar la crisis económica y el desempleo. Actualmente la industria de la construcción está paralizada y en los últimos doce meses, según cifras del IMSS, se han perdido 46 mil 809 empleos.

7. Se deben extender los apoyos al desarrollo social

Ahora más que nunca se debe ayudar con pensiones alimentarias y becas a adultos mayores madres solteras y a discapacitados; se debe garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social, becas para todos los estudiantes de preparatoria del país, acceso a todos los estudiantes a universidades públicas.

8. Es indispensable reducir el gasto corriente del gobierno para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y de bienestar social

Insistimos en que el gasto corriente del gobierno debe reducirse en 200 mil millones de pesos cuando menos, que es la mitad de lo que ha aumentado en los dos años de Felipe Calderón. Incluido en este ajuste debe estar la reducción del 50% de los sueldos de la alta burocracia, mismo que aportaría 12 mil millones de pesos de los fondos para cubrir el aumento del salario a los servidores públicos de base, en línea con el aumento del mínimo.

La reducción del gasto corriente que proponemos de 200 mil millones de pesos es para no romper el equilibrio presupuestal, pues sabemos que este equilibrio será muy difícil de sostener con la caída de los ingresos tributarios y no tributarios que impone la recesión sobre nuestra economía, el menor consumo de las familias y las menores utilidades de las empresas medianas y pequeñas y de las empresas grandes no monopólicas.


Andrés Manuel López Obrador
Presidente legítimo de México

Bolaños, Jalisco, a 14 de diciembre de 2008

------------------


La apuesta de AMLO


por José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones políticas del gobierno legítimo de México
(publicada en La Jornada el 14 de diciembre de 2008)


Podría hablar del cálculo estratégico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero me gusta más la palabra apuesta, pues implica riesgo y competencia. AMLO arriesga su suerte a la certeza de que el pueblo de México despertará, se organizará y tomará el poder. Él quiere ser partícipe de esta toma de conciencia, organización y victoria, pero no confía mesiánicamente en sí mismo, sino en la capacidad de la gente de cambiar su circunstancia.

Sus competidores también toman en cuenta al pueblo, pero para ellos es una masa a la cual se puede halagar, engañar, corromper. PAN y PRI usan los mismos mecanismos. El clientelismo, la demagogia y, sobe todo, la manipulación de los medios. AMLO no puede ni quiere usar los viejos instrumentos de la política mexicana. PRI y PAN saquean impunes a los dineros públicos y tienen el apoyo de la oligarquía, los monopolios y las televisoras. Así que el obstáculo que tendrá que afrontar el pueblo con AMLO o con otros líderes es formidable. Es la vieja estructura de castas que viene desde la Conquista y que se resiste al cambio.

AMLO constata cada día las transformaciones en la conciencia popular. Una creciente vocación por organizarse y movilizarse. La mayoría de los científicos sociales menosprecian su trabajo en los municipios. Ha visitado mil 900 y superará los 2 mil antes de la primavera de 2009; 16 mítines por semana de contacto con la gente a la que presenta su propuesta. Oye, mide y cala la intensidad de las reacciones. Ningún político ha hecho esto.

Después de La democracia en México, de Pablo González Casanova (1965), se han producido finos trabajos sobre los fenómenos del cambio en la cultura política. Pero la clase política se ha corrompido, funciona como una casta separada de la población. Centrada en sus intereses y privilegios. El pueblo corresponde despreciando a los políticos.

He observado cómo Andrés Manuel se conecta con la gente en los mítines. Un fenómeno muy interesante: la gente le muestra profundo afecto y confianza y AMLO les corresponde. No sólo simpatiza con ellos, los quiere, sino confía en su capacidad. Entonces establece un arco de empatía y brota el entusiasmo, impulso básico para la acción política. AMLO es un líder dotado de iniciativa, pero él apuesta a que la conciencia popular está a punto de un salto cualitativo. Apuesta a que la mayoría de la población va a concientizarse acicateada por las graves incitaciones de esta época y a su propia maduración de las últimas décadas. Apuesta que se va a abrir paso a través de una vía legal, pacífica y electoral. Este pueblo renovado es la esperanza histórica para México y AMLO es la esperanza para ellos.


Una razón mas para apoyar a nuestro

Presidente Legítimo de México,

Lic. Andrés Manuel López Obrador.

domingo, 14 de diciembre de 2008

Servicio informativo núm. 606


Ciudad de México, 14 de diciembre de 2008
Servicio informativo núm. 606
http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com/


Sumario:

I. Con el rescate a empresarios van a armar un Fobaproa Dos alerta Andrés Manuel López Obrador

II. Lo útil, lo bueno y lo prudente, por Mario Di Costanzo Armenta

----------------
CON EL RESCATE A EMPRESARIOS VAN A ARMAR UN FOBAPROA DOS ALERTA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Desde Huejuquilla, Jalisco, uno de los municipios más pobres del estado y del país, Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno de facto de Felipe Calderón, que informe a la opinión pública sobre el contenido del plan de rescate de grandes empresarios y banqueros afectados por la crisis.

Luego preguntó: “¿Quiénes están armando o van a instrumentar el plan de rescate? El secretario de Hacienda del gobierno espurio, Agustín Carstens; el nuevo director de Nacional Financiera, Héctor Rangel Domene, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez”, manifestó.

“Está en puerta, ya están armando un Fobaproa Dos, que se financiará con recursos de las reservas internacionales, que es dinero de todo el pueblo”, afirmó el presidente legítimo de México al adelantar que es necesario dar a conocer las condiciones en que se desarrollará el rescate encubierto.

Como primera condicionante, destacó el hecho de que las grandes compañías favorecidas mantengan la actual planta laboral y que se comprometan a no despedir trabajadores.

En el tercer día de recorrido por municipios del norte de Jalisco, López Obrador expresó que “el programa de rescate de banqueros y grandes empresarios cuenta, desde luego, con la anuencia del presidente pelele y de las cúpulas del PRI y del PAN”.

Acompañado por el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, David Monreal, y regidores de Huejuquilla, aclaró, sin embargo, que en el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular “no vamos a permitir que de manera encubierta, sin información de ninguna especie, se lleve a cabo un plan para rescatar a banqueros y grandes empresarios, como siempre”.

Entre las empresas que resultarán beneficiadas con el Fobaproa Dos, mencionó a la cementera Cemex, que tiene un patrimonio estimado en 10 mil millones de dólares, pero una deuda cercana a los 20 mil millones de dólares; es decir, un adeudo que duplica sus pasivos.

De manera inexplicable, observó, “Cementos Mexicanos está quebrada en sus finanzas, probablemente por malos manejos administrativos o por ineficiencias, a pesar de que se trata de un monopolio. Por esa razón exigimos transparentar el programa de rescate, porque se trata de dinero de las reservas y del presupuesto nacional, que es dinero de todo el pueblo”, subrayó.

En contraste, comparó, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que procedería al rescate de empresas automotrices en quiebra, como la General Motors. “Pero en México quieren llevar a cabo el rescate de manera encubierta, sin que se entere la gente y los mexicanos necesitamos conocer cuál es contenido del programa y en qué condiciones se salvará a los banqueros y empresarios en desgracia”, aclaró.

En ese tenor, cuestionó, “la pregunta es: por qué siempre se rescata a los de arriba y quién va a rescatar a los de abajo, a los pobres y a las clases medias”.

Ante la determinación de Calderón Hinojosa de apoyar únicamente a los empresarios que lo impusieron en la Presidencia de la República, López Obrador dio a conocer que el Movimiento en Defensa de la Economía Popular protegerá los intereses de las clases medias y pobres, que son las más afectadas por la crisis.

También informó que el próximo 25 de enero se realizará una asamblea nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, para dar a conocer un plan de apoyo a la frágil economía de millones de familias mexicanas.

El presidente legítimo de los mexicanos destacó en la asamblea informativa con los habitantes de Colotlán, Santa María de los Ángel y Huejúcar la necesidad de luchar hasta lograr un cambio real y verdadero, por considerar que el actual modelo neoliberal está caduco y sólo ha provocado una mayor pobreza.

Un ejemplo claro del fracaso de la política económica neoliberal es el permanente aumento a los precios de las gasolinas. Precisamente este día se registró el alza número 31 a los precios de los combustibles, tan sólo en lo que va del año, explicó.

Para hoy, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá los municipios de San Martín de Bolaños, Chimaltitlán, Bolaños, Villa Guerrero y Totatiche.

-------------------

LO ÚTIL, LO BUENO Y LO PRUDENTE
por Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 14 de diciembre de 2008)

Estoy completamente seguro de que para muchos mexicanos el recuerdo del Fobaproa aún se encuentra intacto en su memoria. De hecho, es uno de los temas de los que más se ha escrito durante los últimos 10 años.

Independientemente de que existan defensores y detractores de este negro capítulo en la historia económica del país, para todos es una realidad que la discrecionalidad, la falta de transparencia, la corrupción y el tráfico de influencias son calificativos que aún ahora no pueden ser descontados al hablar de este tema.

Y es que resulta imposible negar que en la “panza” del Fobaproa se encuentran los créditos que no pagaron importantes personajes de la política, así como prominentes industriales con enorme capacidad económica que en algún momento decidieron transferir sus deudas a los contribuyentes, al ser rescatados por el Estado, bajo el lema de “proteger los ahorros de la gente común y corriente”.

Parte de lo anterior lo resume el propio Michael W. Mackey, auditor del Fobaproa, quien concluye textualmente lo siguiente: “Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos (aproximadamente 10 o 12) son responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el financiero. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participaron en los programas del Fobarpoa. Muchos de ellos tienen o tuvieron participación accionaria en ciertos bancos revisados.

Más aún: el 21 de abril de 2003, el ahora ex vocal de la junta de gobierno del IPAB, Bernardo González Aréchiga, entregó al entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación sus Memorias de Labores. Y en la página 13 del citado Informe refiere el siguiente párrafo:

“El terrible dilema que confrontó el Fobaproa, según uno de los responsables más importantes del rescate, se resume en la siguiente frase: ‘A raíz de la crisis bancaria de 1995, nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley o reducir el costo fiscal. Optamos por reducir el costo fiscal. Espero que ustedes también tengan la capacidad de hacer lo propio cuando llegue el momento’”.

Esta abierta confesión de la violación a la ley durante el rescate bancario muestra que mientras que a estos grupos conformados por banqueros, prominentes industriales y políticos se les otorgó un trato preferencial, para millones de pequeños y medianos deudores la situación fue diferente, ya que las autoridades determinaron “aplicar la ley” y estas personas, “los nadies”, terminaron perdiendo sus bienes y propiedades.

Señalo lo anterior porque desde hace algunas semanas el gobierno ha venido instrumentando de manera velada una especie de Fobaproa II, dirigido a grandes empresas, pero ahora bajo el lema de “proteger al empleo y a la planta productiva nacional”.

Este rescate consiste en que a través de Nacional Financiera (Nafin) el gobierno, con recursos públicos, garantiza, es decir, “avala”, la deuda de las empresas que se hacen acreedoras de estos apoyos. De esta manera, y en pocas palabras, el gobierno “compra la deuda de estas empresas”.

Desafortunadamente, Nacional Financiera no ha informado de manera clara y transparente de las operaciones llevadas a cabo hasta el momento.

Lo que sí se sabe es que a partir del primero de enero del próximo año el ex presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y también ex presidente del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer, será el nuevo director general de Nafin.

Todo esto contrasta dramáticamente con la actitud de “no me importa” que el gobierno ha manifestado con respecto del problema de la cartera vencida en créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, y que se estima que afecta ya a más de un millón 446 mil personas, para las cuales no se han diseñado mecanismos de rescate.

Y es que al mes de septiembre del presente año la cartera vencida en tarjetas de crédito ascendió a 24 mil 584 millones de pesos, cifra superior en 206 por ciento a la registrada en las épocas del rescate bancario (diciembre de 1997) y 57 por ciento superior a la registrada en diciembre de 2006.

Si bien es cierto, que lo anterior se explica en buena medida, por el deterioro del ambiente económico, también lo es, que el alto costo de las comisiones y la tasa de interés que cobran las instituciones bancarias, han tenido mucho que ver en esta situación, a manera de ejemplo mientras que BBVA la tasa de interés total de una tarjeta de crédito emitida en México es de 80 por ciento, en España es de sólo 25 por ciento.

Esto se debe a la concentración de las actividades bancarias que ha permitido que la banca opere como un gran oligopolio.

Adicional a lo anterior, los bancos deben reconocer, que el problema se ha potenciado por la falta de una adecuada cultura financiera, por su estrategia de utilizar el llamado “crédito al consumo” como una herramienta de penetración de mercado, por las agresivas campañas que implementaron para la colocación de plásticos, y por la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, y careciendo de los análisis de su capacidad crediticia.

En pocas palabras, deben admitir su irresponsabilidad y corresponsabilidad en la gestación de este problema.

Por ello digo, que lo útil, lo bueno y lo prudente es que se disminuyan y pongan topes, a las comisiones y tasas de interés de estos plásticos, y que tanto el gobierno como los bancos, implementen programas de reestructuras a tasas “blandas” y condonación de adeudos, que impidan que este problema económico, se convierta en un asunto social de gran envergadura y que en este momento a nadie le conviene.

Al respecto, vale recordar que existe en la Cámara de Diputados un dictamen, aprobado ya por el Senado, que detalla un programa de apoyo a deudores de la banca y se conoce como “el artículo 62 bis” y sólo es cuestión de que exista la voluntad y sensibilidad política para resolver un problema que todavía es de dimensiones manejables.


Una razón mas para apoyar a nuestro
Presidente Legítimo de México,
Lic. Andrés Manuel López Obrador.