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Guanajuato: cárcel o multa a quienes se besen en la calle.

■ Penalizarán protestas, groserías, mendicidad y ambulantaje



Carlos García (Corresponsal)

El ayuntamiento de Guanajuato aprobó un bando que, entre otras medidas, prohíbe a las parejas besarse en la calle, así como actitudes o tocamientos “obscenos”. Quienes infrinjan esta norma se harán acreedores a una multa de 30 días de salario mínimo o prisión de 36 horas. Los regidores que votaron en contra de las nuevas disposiciones advirtieron que son violatorias de la Constitución y propiciarán abusos de la policía Foto: Carlos García.

Guanajuato, Gto., 15 de enero. El ayuntamiento de Guanajuato aprobó un bando de policía y buen gobierno que castiga con 36 horas de cárcel o multas hasta de 30 salarios mínimos (más de mil 500 pesos) a quienes pidan limosna, digan palabras altisonantes, vendan en la calle, hagan manifestaciones o se besen.

El acuerdo fue autorizado por los 10 ediles del Partido Acción Acción Nacional y uno del Partido del Trabajo.

También se castigará a los promotores turísticos que se acerquen a los automovilistas, a quienes no usen los puentes peatonales y a los limpiaparabrisas.

El alcalde de Guanajuato, el panista Eduardo Romero Hicks, aseveró que el reglamento no es excesivo ni persecutorio. La finalidad, dijo, es “inculcar valores y civilidad” entre la población, que sepan que “puede haber una sanción. Eso va modificando la conducta. Según el panista, es necesario castigar esas conductas porque “si no lo prohíbes, si no lo contemplas, la gente lo va a hacer”.

También calificó de “lamentable” que la mayoría de la gente use expresiones como “güey” o que los jóvenes se den “unos agarrones de olimpiada” (besos) en la vía pública.

Marco Antonio Figueroa, regidor panista, afirmó que una de las razones para prohibir los besos en la calle es prevenir que las adolescentes de secundaria queden embarazadas.

La dirigencia nacional del PAN se lava las manos

En un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que se deslinda “terminantemente” de la decisión del ayuntamiento de Guanajuato.

El Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, señala el texto, reitera su convicción de que “el ejercicio pleno y responsable de las libertades individuales no es sólo un derecho garantizado en el marco jurídico vigente en nuestro país, sino una condición fundamental para la convivencia democrática”.

Mientras, los cuatro regidores priístas del ayuntamiento calificaron el reglamento de “ejercicio epistolar sacado de la Biblia. Regresamos a la Santa Inquicición”.

Además, las autoridades tendrá un amplio margen de discrecionalidad para aplicar multas o privación de la libertad, lo que propiciará represión, abusos y zozobra, advirtió Hernández.

El artículo 86 del bando de policía y buen gobierno prohíbe y sanciona “todas aquellas conductas que bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas impliquen coacción o acoso”.

Los artículos 34 y 36 proscriben “cruzar una vialidad sin utilizar los accesos o puentes peatonales” y “proferir palabras, adoptar actitudes de carácter obsceno en lugares públicos y que ofendan o causen molestia a terceros; realizar tocamientos obscenos en espacios públicos”.

Los artículos 41 y 85 prohíben ofrecer bienes o servicios no solicitados a personas que estén dentro de vehículos.

Esta disposición afectará a por lo menos 900 promotores turísticos de la capital del estado, 200 de los cuales pagaron 500 pesos cada uno al gobierno local por cursos de capacitación.

“Nos entregaron constancias de estudios, gafetes y playeras, y ahora nos quieren dejar sin trabajo. Esto es una burla”, recriminó el promotor turístico Roberto García Méndez.

COMENTO: JA JA JA, CHES PANISTAS, SINO LA CONTROLAN , NO LA FUMEN QUE CHINGADERAS SON ESTAS, PUES.

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Entrega Infonavit a extranjeros patrimonio de miles de familias.

Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal)

Culiacán, Sin., 5 de enero.

Alrededor de 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2) alrededor de 110 mil casas que se encuentran en cartera vencida en México, informaron organismos defensores de derechohabientes en esas entidades.

El Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán, el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora, y Ciudadanos en Defensa de la Vivienda del estado de México advirtieron que se defenderán de lo que llaman “política neoliberal y privatizadora del gobierno federal”. Aseguraron que abogados ligados al Partido Acción nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida.

“El Infonavit vendió a empresas extranjeras de cobranza 110 mil viviendas a precios que oscilan entre 8 y 10 por ciento de su valor real.

“Según el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Infonavit, Sonora tiene 23 mil viviendas en cartera vencida, casi 20 por ciento del total nacional, y Sinaloa alrededor de 15 mil, que representan casi 13 por ciento”, señaló César del Pardo Escalante.

El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos.

El Infonavit vendió a Pendulum Associates y a SCRAP 2 la cartera vencida de unas 110 mil familias del país, a un precio promedio de 15 mil pesos cada una.

En Sinaloa y Sonora, donde hay unos 38 mil créditos vencidos, el monto asciende a casi 570 millones de pesos. La Jornada intentó comunicarse con ambas empresas, cuyo personal prometió enviar información sobre estas operaciones, lo que no sucedió.

En su página de Internet, (www.pendulum.com.mx), la empresa asegura estar dispuesta a ofrecer alternativas a los deudores, entre ellas el pago del adeudo en una sola exhibición, pagos a corto plazo y la restructuración global del préstamo, lo que implicaría tramitar nuevos créditos con tasas de mercado actualizadas.

La compañía asegura que administra más de 50 mil créditos hipotecarios, 10 mil comerciales y más de 3 mil hipotecarios residenciales. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad de México y opera en las de Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Mérida, Monterrey, Tijuana y Torreón.

“Sin embargo, si los deudores son incapaces o no desean llegar a tal salida negociada, no tendremos otra opción que dar seguimiento a la recuperación a través de todos los métodos legales disponibles, hasta la adjudicación y el remate judicial de la garantía”, acota.

Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses.

“La restructura tiene un valor jurídico. En caso de que el derechohabiente no cumpla al pie de la letra el convenio, automáticamente éste se convierte en sentencia. O sea, primero te restructuro y después te despojo de la vivienda”, explicó Del Pardo.

“El mecanismo es el siguiente: después de la restructuración, la parte acusadora (el Infonavit) impone una mensualidad que es prácticamente imposible de cumplir. A esos juicios se les denomina ‘especial hipotecario Infonavit vs. demandante”, comentó.

Posteriormente se presiona al trabajador para que acepte diversas cláusulas, entre ellas mensualidades que no corresponden a 25 por ciento de su salario, sino hasta 70 por ciento. Todas las restructuraciones, advirtió Del Pardo, violan las disposiciones del Infonavit y contravienen los regímenes ordinario y especial de amortización, que permiten al empleado conservar su vivienda ante falta de solvencia, y negociar.

Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social, concluyó el activista.

En Sonora, el despacho encargado de perseguir a los derechohabientes es Consultores Profesionales Corporativos, que opera en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales; en Sinaloa operan Corporativo Jurídico, Expertos en Cobranza Extrajudicial, Lexis Abogados, Despacho de Asesoría y Gestoría Múltiple, que actúan sobre todo en Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Los abogados que litigan para estas firmas obtienen entre 10 y 25 por ciento del monto que recuperen, pero si la vivienda es recuperada y rematada, las ganancias pueden llegar hasta 75 por ciento, informaron fuentes no oficiales.

El despacho Prossin pega calcomanías de casi medio metro de largo por 30 centímetros de ancho en puertas de casas de morosos, como sucedió a una joven que ignoraba estar en cartera vencida y, paradójicamente, labora en una firma de abogados que brinda servicio de cobranza al Infonavit.

El pegote decía: “Estimado acreditado: urge regularizar la situación de tu crédito. Acude de inmediato a las oficinas de Infonavit, ubicadas en Prossin (Rosales 309 Pte., casi esquina con Morelos, col. Centro, Culiacán, Sinaloa, tel. 667 212 74 21)”.

Este domicilio no es la delegación del Infonavit en Culiacán, sino el despacho. El documento pegado en la fachada de la vivienda, ubicada en la colonia Bugambilias, tenía el logotipo del instituto gubernamental y ofrecía: “De presentar problemas de invalidez o incapacidad, te pedimos comunicarte a Infonatel al 91715050 desde la ciudad de México, al 01800 008 3900 del interior de la República, o dirigirte a las oficinas de Infonavit en el estado”.

La afectada, quien pidió anonimato, informó que obtuvo un crédito por 250 mil pesos hace seis años, y paga unos 2 mil 500 pesos mensuales. “Según yo estaba al corriente; hacía mis pagos por Internet y hasta por dos o tres meses, pero ahora resulta que no, que debo hacer los pagos uno por uno, y que debo uno o dos meses, pero ésta no es manera de cobrar, exhibiéndome.

¿Como acreditada merezco esto?”Por su parte, el Infonavit informó que por disposición de su consejo de administración, entre 2005 y 2006 vendió en subasta pública la cartera de 52 mil 418 créditos que en promedio tenían 40 mensualidades vencidas, y en algunos casos llevaban hasta 17 años sin realizar pago alguno.

El organismo precisó que en alrededor de 16 mil casos se trataba de viviendas abandonadas, invadidas o traspasadas de manera irregular; y para la otra mitad se abrieron mesas de atención, a las cuales se acercaron sólo 5 mil personas.La primera convocatoria para rematar 18 mil 702 créditos en subasta pública se publicó el 31 de octubre de 2005, y fueron adquiridos por la empresa Capmark.

La segunda, para vender cartera de 33 mil 716 créditos vencidos, se publicó el 3 de abril de 2006 y se asignó a SCRAP 2.

(Con información de Juan Antonio Zúñiga)

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Fox y Calderón: diatriba de cómplices.

ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Hijos de la misma entraña, el Partido Acción Nacional (PAN), y afines en ideas e intereses --¿en cuáles chocan?--, Felipe Calderón y Vicente Fox han sido siempre rivales y cómplices, y la diatriba que ahora protagonizan en torno del crimen organizado que cruza sus gobiernos no parece trascender los meros artificios retóricos.Calderón, quien en buena medida gracias a su antecesor ha asegurado su futuro económico no sólo por la pensión vitalicia que disfrutará, sino por los negocios que le gestiona el abogado Julio Esponda Ugartechea -socio del flamante secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la defensa de criminales de cuello blanco--, reactivó la ofensiva verbal contra Fox en el marco del desbarajuste de la "guerra" contra el narcotráfico.

Sólo en este tema, del que el PAN echará mano para no hundirse en las elecciones del 2009, las acusaciones de Calderón a Fox son directas e inequívocas: Le heredó un "Estado doblegado" por el poder de grupos criminales, debido a que los ignoró y/o pactó con ellos."Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio", afirmó Calderón en un informe enviado, por escrito, a la Cámara de Diputados, a finales de noviembre.

Un mes después, apenas el viernes 19 de diciembre, añadió: "El haber ignorado o haber pretendido administrar a la delincuencia, en lugar de enfrentarla con determinación en el pasado, trajo consecuencias funestas para México. Afortunadamente, así como los mexicanos de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que no se hizo ayer, también sabemos que lo que hoy hacemos es una semilla que dará resultados y cuyos frutos podrán verdaderamente tener los mexicanos del mañana."

Y añadió: "Mi gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales a las que combatimos sin distingo alguno, que estamos decididos no sólo a enfrentar, sino a vencer con toda la fuerza del Estado a los enemigos de México y seguros de ello derrotaremos a quienes quieren ver paralizado al gobierno y a la sociedad sembrando el temor, la desesperanza y la corrupción."Justo en la ceremonia en la que Calderón pronunció estas sentencias, con clara dirección, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, fue más obvio, aunque sin referirse específicamente a Fox, cuando afirmó que al inicio de este gobierno la delincuencia organizada operaba impunemente, en una situación que no podía ser tolerada.

"No podíamos aceptar más actitudes de indiferencia ante un problema de inseguridad que, de continuar ignorado o solapado, llevaría a un alto riesgo para la seguridad nacional", expuso, en vísperas de que ocho militares fueran asesinados y decapitados en Guerrero.Aunque es una obviedad decir que, después de tales acusaciones, Calderón está obligado a proceder contra Fox, conviene recodar que entre ambos ha habido siempre una convergencia de intereses que se anteponen a diatribas transitorias.

La más remota puede encontrarse hace casi tres lustros, en 1995, cuando Calderón compartía las furias de Carlos Castillo Peraza por el locuaz Fox de Guanajuato, lo que jamás dio lugar a un distanciamiento mayor, como ocurrió tres años después, en 1998, cuando los hermanó un episodio que condujo al triunfo del 2000: La convalidación del Fobaproa, las deudas de grandes inversionistas privados que los mexicanos seguimos pagando.

A los berrinches del Calderón diputado con el gobierno de Fox, siguió el pleito por el despido de aquél de la Secretaría de Energía y desde ahí, tras una elección fraudulenta cuyos responsables siguen impunes, su lanzamiento como candidato presidencial del PAN, cuyo triunfo en la elección del 2006 no se explica sin la decidida intervención del aparato gubernamental federal y los intereses que sobre él gravitaban.

Cómplices, por tanto, en la retención del poder presidencial, poco puede esperarse de que Calderón traduzca en acciones punibles las acusaciones de complicidad e ineptitud del foxiato, salvo que estén ya integrados los expedientes para proceder contra los responsables en el gobierno anterior.

Aunque remota, es una posibilidad que no puede descartarse de plano por razones de carácter electoral: El operativo con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para detener brevemente a Manuel Bribiesca, el miércoles de la semana pasada, por un asunto hacendario menor, es un calambre para Fox.

Mujer de uno y de otro, Marta Sahagún está actuando, subrepticiamente, en el ámbito partidista, al menos en Nuevo León, para que le sean respetados candidatos afines, sobre lo que aquí se informará con oportunidad...

Apuntes Aun con dos pesos de aumento al salario mínimo y, al contrario, el alza número 32 a los combustibles, ¡felices fiestas a los lectores!

delgado@proceso.com.mx

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Encinas: esquizofrenia en el discurso del PRD

Alejandro Encinas

Liliana Padilla

Critica la decisión de echar del partido a quien no apoye a candidatos perredistas

México.- Alejandro Encinas calificó de esquizofrénica la decisión de echar del PRD a quienes no apoyen a los candidatos del partido, luego que desde la dirección nacional se acusó a Andrés Manuel López Obrador de quitar votos.

“Hay un discurso esquizofrénico porque, por un lado, dicen que Andrés Manuel quita votos, y por otro, que no apoyen a ningún candidato que no sea del partido”, criticó.

Luego de la decisión del Consejo Nacional perredista, que a través de uno de sus resolutivos puntualizó que a aquellos militantes que apoyen a candidatos de otros partidos se les cancelará de manera automática su membresía, el ex aspirante a la dirigencia nacional de este partido sostuvo que esto es un reflejo “no solamente de la muy estrecha visión que se tiene de la situación por la que está atravesando el PRD, sino del regreso a las viejas prácticas de una burocracia de izquierda que no está a la altura del momento político ni de la base partidaria”.

En entrevista, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal criticó lo dicho por Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, quien reveló en entrevista con MILENIO que López Obrador tenía un rechazo de 50 por ciento entre los electores.

Pero al mismo tiempo, dijo, se amaga con sancionar con la expulsión de las filas del PRD a aquellos que respalden a candidatos que compitan bajo otras siglas, como puede ser el caso de aquellos que se sumen desde el movimiento de López Obrador a la coalición PT-Convergencia.

“Es un contrasentido desestimar al Frente Amplio Progresista y al mismo tiempo hacer todo lo posible porque éste no subsista, aunque la dirección que está en el partido quiera plantear su separación del FAP”.

Sin embargo, Encinas celebró la resolución del Consejo Nacional de que no haya alianzas con otros partidos y que el PRD apueste por recuperar su identidad partidaria, tras la elección interna de marzo pasado.

“Que bueno que tomaron la resolución de que no se hagan alianzas con otros partidos, porque muchos las querían con PRI y PAN”.

Ello, en referencia a la eliminación en el Congreso Nacional, del candado que prohibía expresamente las alianzas con el PRI y el PAN, que fue interpretado por el bloque de Izquierda Unida que encabezaba Encinas, como la intención de algunos sectores del PRD de aliarse con estos partidos.El bloque perredista que impulsó la eliminación de esta prohibición explicó que no se trataba de alianzas a nivel federal, pero si en algunos estados para combatir la hegemonía priísta o panista, según fuera el caso, como sucedió en Oaxaca, donde PRD y PAN fueron, junto con Convergencia, contra el PRI.

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